Lo que se exige a Grecia, el cuarto país más pobre de Europa, es privatizar todo lo que queda en manos del Estado, recortar los gastos en los ya desmantelados sectores de la salud y la educación y rebajar los sueldos de las capas más débiles. Y es revelador que los asalariados que se verán menos afectados por los ajustes de la ‘troica’ formada por UE, Banco Mundial y FMI son los de los cuerpos de seguridad.
Sobra decir que los gobiernos que prestarán dinero a Grecia se beneficiarán de los intereses, que se han fijado entre el 5 y el 6%. Alemania tendrá en tres años beneficios por más de 900 millones y el Estado español espera obtener varios cientos de millones, como expuso el vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves.
Para concluir, con este préstamo no se pretende reactivar la economía griega, sino garantizar que el Estado siga pagando a sus acreedores, al menos durante unos años. Y, de paso, aplicar un proceso que llevará a la mayor transferencia de riqueza hacia las rentas más altas después de la Segunda Guerra Mundial. Es obvio que en este momento Grecia sirve de laboratorio, a nivel europeo, en el que se estudian los límites de la tolerancia económica y social de la clase trabajadora. De su respuesta dependerán muchas cosas.
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